Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno y del Ministro de Justicia después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Muchas gracias de nuevo por este reencuentro de los viernes.

Como ven, nos acompaña el Ministro de Justicia para darles cuenta de las importantes reformas introducidas en la Ley del Menor y que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros.

Pero permítanme empezar hoy trasladándoles algunas reflexiones y anunciando alguna decisión adicional en torno a la situación de Ceuta y Melilla que estamos viviendo estos días. Es la misma reflexión que he trasladado en un Informe al Consejo de Ministros.

Como saben, ayer mismo y anteayer tuve la oportunidad de comprobar "in situ", en una visita a las dos Ciudades Autónomas, la situación que estamos viviendo. Tan sólo horas después de que los responsables de la vigilancia de la frontera me mostraran el trabajo que están realizando, hubo nuevos intentos masivos de acceso ilegal, que lamentablemente se saldaron con la pérdida de vidas humanas al otro lado de la frontera.

Como les dije en el día de ayer, nuestra diplomacia mantuvo contactos a lo largo de todo el día con la diplomacia marroquí para interesarse por lo sucedido. El Gobierno de Marruecos confirmó los datos que ya hoy conocen y nos informó de la apertura de una investigación, investigación que se ha judicializado. Hay, por tanto, una investigación judicial en marcha para esclarecer los hechos que ayer se produjeron.

El lunes próximo el Ministro de Asuntos Exteriores viajará a Marruecos para abordar distintos temas de cooperación que estamos poniendo en marcha y confiamos en que para entonces las autoridades marroquíes nos hayan avanzado, si la investigación judicial así lo permite, datos de esa investigación para que podamos, con toda transparencia, trasladárselos a ustedes.

Como vengo diciendo, nos encontramos ante una situación que no es fácil de resolver, que tiene dimensiones humanitarias legales e internacionales y que es necesario combatir con rigor y con prudencia. Problemas complejos precisan de soluciones complejas. Pero puedo garantizarles que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para encontrar, en primer lugar, soluciones de urgencia para recuperar cuanto antes la normalidad respetando la Ley, por un lado, y el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes, por otro; y, en segundo lugar, buscando soluciones estructurales que permitan frenar el fenómeno en sus orígenes.

Informé el miércoles pasado a los Presidentes de Melilla y Ceuta, y luego también a ustedes, de las medidas que el Gobierno ha impulsado ya: refuerzo de la vigilancia en las fronteras; mejora en la estructura del vallado y dispositivos de seguridad; refuerzo en los Centros de Estancia Temporal; actuaciones con la Unión Europea, porque la frontera no es sólo con España, sino también con Europea; cooperación internacional con Marruecos y con los países subsaharianos y otras medidas.

En estos días, ayer jueves y hoy mismo, hemos seguido avanzando en la solución del problema. Estamos trabajando intensamente con las autoridades marroquíes para aplicar el Convenio de 1992, que permite devolver a Marruecos a los inmigrantes sin documentación que traspasen ilegalmente la frontera con España por zona marroquí. Como ya saben, hay resultados. Se ha empezado a aplicar el Convenio en lo que se refiere a salidas extraordinarias --ayer mismo, como ya conocen, hubo una-- y a partir de ahora se harán, tal y como ya les indiqué ayer a través de todos los medios, de forma singularizada.

Hoy el Gobierno ha aprobado formalmente ayudas para Ceuta y Melilla para integración social y el mantenimiento de los servicios públicos básicos en relación con la inmigración, de las que ya les hablamos. Se acuerdan que eran tres millones de euros, que hoy hemos tenido que aprobar porque precisa una norma con rango de Real Decreto, millón y medio para cada Ciudad Autónoma, que esperamos que ayuden a compensar el esfuerzo tan notable que los ciudadanos y las instituciones de las dos Ciudades están haciendo para sobrellevar los problemas de la inmigración ilegal.

Quisiera, además, señalar que estamos trabajando, y la visita del Ministro de Asuntos Exteriores servirá para avanzar en este trabajo, en la suscripción de un nuevo Convenio de Cooperación. Este nuevo Convenio contemplará, primero, más medidas de cooperación y protocolos conjuntos de actuación en la frontera que mejorarán la eficacia y la seguridad para impedir los asaltos; segundo, nuevas medidas de cooperación para la investigación conjunta y represión de las mafias que trafican con seres humanos; y, tercero, más medidas de cooperación para incrementar el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Éstas son las líneas de trabajo que están abiertas y espero que el próximo lunes se avance en ellas.

Quiero aprovechar esta ocasión, como decía antes, precisamente para mostrar públicamente la gratitud del Gobierno a los ciudadanos de Melilla y de Ceuta porque están siendo pacientes y modélicos en su respuesta. Asimismo, quisiera trasladar nuestro agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a las Organizaciones No Gubernamentales y a todas las personas que trabajan en los Centros de Atención a Inmigrantes por el generoso esfuerzo que les aseguro que están realizando en los últimos días, tanto para garantizar nuestra seguridad, la seguridad de nuestras fronteras, como para atender a las necesidades de los inmigrantes.

Los menores han sido objeto de atención del Gobierno en su segunda decisión de hoy. Hace cinco años, en enero de 2000, se aprobó la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. La Ley ordenó entonces que se hiciera un estudio de impacto de su aplicación. Pasados cinco años estamos en condiciones de proponer cambios a la luz de la nueva realidad en que España se encuentra en lo referente a la prevención y sanción de los delitos cometidos por los menores.

Cinco años después, la Ley necesita mejoras. Los ciudadanos están más preocupados. Han aumentado considerablemente los delitos graves cometidos por menores, en algunos casos los delitos han sido especialmente brutales, han surgido bandas juveniles violentas que antes no existían y, como consecuencia de todo ello, han aumentado, lógicamente, la preocupación y la alarma social.

Hoy el Gobierno ha aprobado el Anteproyecto para la reforma de aquella Ley Orgánica, de la que les va a dar buena cuenta el Ministro de Justicia. A nuevas realidades sociales, nueva respuesta de nuestras leyes. A jóvenes con capacidad para decidir su presente y su futuro, y para asumir riesgos dispuestos a quebrantar la Ley, corresponde también una legislación que responda de forma más proporcionada y eficaz ante los delitos, especialmente cuando sean graves.

Se trata de una ley que presta especial atención a la víctima de la delincuencia juvenil incrementando su seguridad; se trata de una ley que presta especial atención a la gravedad de los hechos, y por tanto incrementa las medidas de seguridad dirigidas a su vez a dar seguridad a la ciudadanía, y se trata de una ley que no olvida el carácter especial del delincuente. Se trata de menores sobre los que hay que actuar con medidas específicas, concretas, de resocialización y de reeducación.

En fin, se trata de una reforma adecuada a este nuevo tiempo, con nuevos desafíos a los que hay que dar nuevas respuestas y, como es lógico, corresponde a la Ley estar a la altura de las nuevas circunstancias.

También en el ámbito de la Justicia, el Gobierno ha aprobado hoy la creación de un total de 181 nuevos órganos judiciales. El Gobierno está haciendo un extraordinario esfuerzo para mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta de nuestra justicia, para hacerla más eficaz y para acercarla a los ciudadanos. Es una necesidad imperiosa porque, como ustedes saben y tantas veces hemos dicho, los españoles todavía sienten que la Justicia es lenta y lejana, y ésta es una carencia que el Estado de Derecho no puede permitirse.

Pues bien, dentro de la planificación de la planta judicial para 2005, hoy aprobamos la creación de 155 nuevos Juzgados y 26 plazas de magistrados, hasta llegar a un total de 181 órganos judiciales más. He de decirles que con ello se cumple el compromiso del Gobierno de crear 250 órganos judiciales a lo largo de este año. Una justicia rápida y cercana, insisto, no es un lujo; es una necesidad y, desde luego, no ahorraremos, especialmente nuestro Ministro, esfuerzos en garantizarla.

El Gobierno ha aprobado hoy también la creación de una Unidad Militar de Emergencia, que anunció, como ustedes saben, días atrás el Presidente del Gobierno. Incendios, inundaciones, terremotos, riesgos biológicos, químicos o radiológicos u otras situaciones adversas que, evidentemente, no deseamos pero que pueden producirse, éstas son las situaciones en las que actuará esta unidad especializada del Ejército para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos.

La Unidad Militar de Emergencia contará con 4.300 efectivos cuando termine su total implantación, que será a finales de 2008. De entrada, antes de que termine este año la Unidad contará con una cuarta parte de sus efectivos. Trabajará todos los días del año, veinticuatro horas al día, con medios propios y también con medios de otras Unidades de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil. El Ejército, que tiene una capacidad especial para intervenir de manera inmediata y bien coordinada en casos de emergencia, desempeñará un papel fundamental con esta Unidad, garantizando ayuda añadida y de incalculable valor a todos los españoles, estén donde estén y cuando más ayuda precisen.

En quinto lugar, hemos aprobado reforzar la protección de los animales utilizados para experimentación en el ámbito científico y docente, como ya se ha anunciado en algunas ocasiones. Las normas europeas que nosotros compartimos y que hemos incorporado a nuestro ordenamiento tratan de que el número de animales empleados en la experimentación sea lo más reducido posible y que, en caso de que se utilicen, se eviten al máximo el dolor y el sufrimiento innecesarios. Además de limitar estos usos, pretendemos fomentar métodos alternativos que aporten la misma información, pero eviten la experimentación animal claramente innecesaria.

Con el Real Decreto aprobado hemos actualizado la normativa vigente para garantizar que la utilización de estos animales en laboratorios se lleve a cabo con el máximo respeto a las normas éticas, sanitarias y medioambientales.

En sexto lugar, el Gobierno, como venimos haciendo todos los viernes, ha aprobado nuevas obras de infraestructura para paliar la sequía y mejorar la gestión del agua. No podían faltar. Saben que ésta es una medida que abordamos cada semana. Por tanto, dando continuidad a las medidas que ya hemos aprobado en los últimos meses, hoy hemos dado luz verde a dos proyectos que mejorarán la gestión de nuestras reservas en lo próximos años y, lo que es más importante, servirán para asegurar el suministro en los próximos meses. Por una parte, se aprueba la modernización y acondicionamiento del Canal del Bajo Guadalquivir, en Andalucía, que es un proyecto que tiene un presupuesto de casi 44 millones de euros. Por otro lado, se llevarán a cabo obras para la reparación de una avería en el Embalse de La Laguna, en Canarias. Se trata de una actuación urgente porque, de no realizarse de esta manera, no habría garantías de poder almacenar el agua suficiente para el próximo invierno. El coste de estas obras es de 3,5 millones de euros.

También quiero trasladarles que en el área de Medio Ambiente hemos aprobado ampliar el límite del Parque Nacional de Cabañeros en casi dos mil hectáreas de terreno más. Y se ha aprobado la firma de tres convenios universitarios para financiar investigaciones sobre sequía, agua e incendios forestales.

Hemos reforzado también hoy con diversos Acuerdos normas sobre transporte de mercancías perecederas. En la actualidad el transporte a otros países, como saben, se rige por un acuerdo de carácter internacional que asegura las mejores condiciones de conservación y calidad. Los transportes que operan fuera de nuestras fronteras están obligados a cumplir una serie de normas sobre vehículos utilizados, procedimientos, temperaturas, etcétera. Pues bien, hoy hemos aprobado que estas normas de calidad y conservación, que ya obligan a las empresas en los intercambios internacionales, sean también de obligado cumplimiento cuando se trata de desplazamientos en el territorio nacional. Reforzamos así algo de lo que a veces se quejan los ciudadanos: medidas de control para el tránsito de mercancías perecederas, para que sea más seguro y, en definitiva, aporte más garantías para que los productos que lleguen a los consumidores tengan la mayor calidad posible.

Finalmente, el Gobierno ha abordado también una serie de decisiones que constituyen una buena noticia para Galicia. Hemos aprobado cinco Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Industria y la Xunta para financiar proyectos de infraestructuras en zonas mineras del carbón. El presupuesto de los Acuerdos es de siete millones de euros, que servirán para financiar obras en carreteras, polígonos industriales y parques empresariales.

El objetivo final de este tipo de Convenios que estamos aprobando en los últimos meses, que ya hemos traído a diversos Consejos de Ministros, es promover un desarrollo alternativo en comarcas en donde la minería del carbón tiene un peso importante. Con apoyos directos a la construcción de infraestructuras sentamos las bases para que estos municipios puedan crecer y desarrollarse plenamente sin tener que depender del carbón.

Resumo, para terminar, otras iniciativas aprobadas también por el Consejo de Ministros. Les diré que, en materia de infraestructuras, se han aprobado obras de ferrocarril en Castilla-La Mancha, por importe de 42 millones de euros, y en Cataluña, por 121 millones de euros. Hay otros asuntos relevantes que les ruego consulten en la Referencia, por no extenderme más. Entre ellos, ha habido los nombramientos de los miembros del CES.

Y no quiero acabar mi intervención en esta primera parte sin informarles de que el Presidente del Gobierno, así como el Gobierno en su conjunto, ha trasladado su felicitación a Mohamed El Baradei y al Organismo Internacional de Energía Atómica que dirige por el magnífico trabajo realizado a favor de la paz y la distensión en el mundo.

Sr. López Aguilar.- He comparecido en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en un número de ocasiones ya y siempre para anunciar cumplimientos del Gobierno con respecto de sus compromisos programáticos y también de los compromisos establecidos en la agenda de actuaciones del Ministerio de Justicia en esta legislatura. Es éste también el caso al tomar iniciativa para promover una reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que lleva, por tanto, cumplidos cinco años de su aprobación y va a cumplir pronto cinco de su entrada en vigor.

Lo primero que quiero afirmar es que la justificación de esta reforma tiene que ver con los compromisos del Gobierno y tiene que ver con la agenda anunciada en el Congreso de los Diputados para esta legislatura, pero también con mandatos parlamentarios y legales, porque ha habido iniciativas parlamentarias en la legislatura anterior, también en ésta, que le señalan al Gobierno el emplazamiento para modificar en algunos aspectos la Ley del Menor y, desde luego, ése es también el sentido de las Disposiciones adicionales quinta y sexta de la propia Ley Orgánica Penal del Menor, que le dicen al Gobierno que, en los cinco años desde su aprobación, debe hacer una evaluación del rendimiento y aplicación de la Ley del Menor y, en su caso, promover una reforma. Hemos hecho la evaluación y hemos fijado posición para promover esta reforma.

Sintetizaré los criterios, los principios. El primero, desde luego, es la preservación de la filosofía de la Ley del Menor; la preservación de la orientación reeducadora, educativa, resocializadora, rehabilitadora para la vida en libertad, que inspira toda la Ley del Menor y que, además, consagra el interés supremo, el interés superior, del menor como el horizonte de toda esta legislación y el principio de que en ningún caso el menor pueda ser tratado de peor condición que un adulto a la hora de afrontar responsabilidades por la comisión de hechos que el Código Penal tipifica como delictivos.

A partir de estos criterios y preservando la Ley del Menor, hemos definido cuatro contenidos esenciales para la reforma, acotados, que no sustituyen la Ley ni, por tanto, la derogan enteramente, sino que la modifican en aspectos parciales y cada uno de ellos muy justificado a la luz de la experiencia.

En primer lugar, el refuerzo de la víctima, que es el primer contenido. Hay todo un conjunto de reformas que quieren fortalecer la posición procesal y la atención debida a las víctimas de los delitos cometidos por menores, y ello al menos en un triple sentido: en primer lugar, la víctima de quien ha sido objeto o sujeto pasivo de un delito cometido por menor; también, por supuesto, el menor que ha sido víctima de un delito, ya sea cometido por otro menor o por un adulto; y atender el fenómeno de la segunda victimización del menor en el cumplimiento de medidas de internamiento.

La segunda orientación del Proyecto de Ley consiste en atender a un fenómeno nuevo, pero que impacta a la sociedad y exige respuesta del legislador; este fenómeno es el de la delincuencia juvenil organizada. Cada vez más incidentes en la definición del paisaje de la criminalidad en España; bandas juveniles organizadas o criminalidad juvenil en bandas, que requiere una respuesta legislativa.

El tercer objetivo es ampliar el conjunto de herramientas de que dispone el juez especializado, el Juez de Menores, para ofrecer una respuesta proporcionada, ponderada e individualizada a cada caso, discriminando aquellos en los que un tratamiento reeducativo de una determinada duración o intensidad esté cumpliendo sus efectos, esté siendo efectivo, de aquellos en los que haga falta un tratamiento más extenso o más intenso a través, en su caso, de las medidas de internamiento en régimen cerrado.

Y el cuarto objetivo es introducir toda una serie de mejoras técnicas que sintetizaré finalmente.

En primer lugar, en lo relativo a la protección de la víctima para asegurar a la víctima de un delito cometido por menores, se establece la obligación informar a la víctima a todo lo largo del proceso, a través de la figura del Secretario Judicial, de todas las incidencias procesales que le puedan afectar o interesar.

Se establece también la unificación del proceso de responsabilidad civil, para obtener indemnización o resarcimiento civil como consecuencia del delito al proceso penal, lo que actualmente no existía. Y se introduce también, para proteger a la víctima de los delitos cometidos por menores, la medida de alejamiento disponible por el juez, que intenta ser una respuesta al fenómeno cada vez más frecuente del acoso escolar, las situaciones de abusos o situaciones violentas que se producen en el ámbito escolar, y que pueden permitir, por tanto, una medida de protección de la víctima de delitos cometidos por menores, especialmente si esas víctimas son menores también.

Para proteger a la víctima menor de la delincuencia se introduce la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que garantiza la no confrontación visual del menor que ha sido víctima de un delito contra la indignidad sexual. Es una medida aconsejada por la experiencia y resultante de un mandato parlamentario recientemente cursado que afectará a los artículos 448 y 700 U.7. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En tercer lugar, para evitar la victimización del menor que esté siendo objeto de medidas de internamiento con respecto de otros menores que tengan un comportamiento especialmente agresivo, un comportamiento por tanto resistente o refractario al tratamiento reeducativo, se introduce la posibilidad de que, a la luz de los informes del Ministerio Fiscal y de los equipos socioeducativos de expertos dependientes de las Comunidades Autónomas, el juez de menores pueda dictar que alguien que está cumpliendo una medida de internamiento en régimen cerrado al cumplir los dieciocho años pueda ser transferido a un establecimiento penitenciario, para evitar así que ponga en riesgo el tratamiento reeducativo de otros menores que conviven en el mismo centro.

Esta medida se adoptará, en todo caso, excepcionalmente en el tramo de edad comprendido entre los 18 y los 21 años, de modo que la regla general continuará siendo la permanencia en el centro de internamiento en régimen cerrado, centro no penitenciario; pero se permitirá al Juez poder disponer su transferencia a un centro penitenciario si ello es producente y es positivo de cara a la segregación, a la diferenciación, de aquellos casos que plantean más dificultades para el tratamiento reeducativo de aquellos casos que plantean menos y así lo aconseje. A partir de los veintiún años será general, la transferencia a un centro penitenciario, pudiendo el juez, sin embargo, excepcionalmente disponer su permanencia en centros de internamiento si la fase de rehabilitación avanzada y los informes técnicos así lo aconsejen.

En cuanto a la cuestión de la delincuencia juvenil organizada, está muy presente en la sociedad española del presente, está muy presente en la última memoria de la Fiscalía General del Estado y requiere, por tanto, un tratamiento legislativo que innove, en la medida en que este problema no se había planteado cinco o diez años atrás. Esto es lo que permitirá al juez poder dictar, en su caso, medidas de internamiento con respecto de menores que delincan, incardinados o al servicio de bandas organizadas al objeto de sustraer al menor del ambiente que determina o condiciona su comportamiento delictivo.

Se amplía, además, el conjunto de instrumentos de respuesta del Juez de Menores para que pueda ofrecer una respuesta más proporcionada, ponderada e individualizada con respecto de las situaciones también individuales que la realidad planea, de modo que el Juez pueda distinguir aquellos casos que requieren un tratamiento más intenso o más extenso siempre orientado a la resocialización y a la reeducación del menor sujeto a la medida de aquellos que, a la luz de la rehabilitación y su evolución, permitan un tratamiento de menor intensidad o de menor duración. A este respecto se introduce, sobre todo, la posibilidad de dictar medidas de internamiento para aquellos menores que cometan delitos considerados graves por el Código Penal aún cuando no sean violentos, lo que la actual legislación no hace posible.

En la actualidad, la Ley sólo permite dictar una medida de internamiento contra el menor que comete delitos especialmente violentos. Podemos pensar en delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, delitos contra la indignidad sexual o, por supuesto, terrorismo; pero hay delitos graves en los que, sin embargo, no es posible dictar una medida de internamiento que aplique un tratamiento reeducativo que ayude al discernimiento del bien y el mal, de lo jurídicamente admisible de lo que no. Podemos pensar en el tráfico de drogas o en la tenencia ilícita de armas, fenómeno cada vez más frecuente en la definición del paisaje de la criminalidad organizada juvenil.

Finalmente, se introducen también mejoras técnicas, que han sido aconsejadas por todos los expertos, los profesionales y los medios especializados en la justicia de menores, que señalan que es lo que a la luz de la experiencia puede y debe mejorar y, por tanto, el camino que debe impulsar el legislador en una reforma selectiva de la Ley del Menor. Señalaré a ese respecto la posibilidad de designar abogado defensor para el menor en las fases de la averiguación del delito, en la instrucción del sumario encomendado al Fiscal, al propio Fiscal Instructor y no al Secretario Judicial, que acaba derivando en el curso del tiempo en la designación de un segundo fiscal para simplificar toda la instrucción del sumario conducente a la averiguación de los delitos cometidos por menores.

Exactamente, ése es el caso también del tratamiento de las medidas cautelares, porque en la actualidad las medidas cautelares sólo pueden durar tres meses, prorrogables a otros tres, lo que a menudo se muestra insuficiente y puede derivar en sobreseimiento, en desestimiento o, en su caso, en impunidad y en sensación de impunidad. Se extiende, por tanto, el primer periodo temporal para la fijación de medidas cautelares en la investigación de los delitos a seis meses, prorrogables a otros tres.

Lo mismo sucede con la prescripción de las faltas, que conduce habitualmente a sobreseimiento y a impunidad, porque la Ley sólo señala tres meses como período de prescripción para las faltas cometidas por menores. Ahora se establece un período más prolongado de hasta seis meses.

Finalmente, se introducen todas las reglas penológicas propias del Código Penal que permiten individualizar la medida a la luz de la gravedad de los hechos o, en su caso, del grado de participación del autor de los hechos calificados como delito, para asegurar el principio protector del menor, tuitivo del menor, de que nunca un menor será tratado con peor condición que un adulto. Se introducen así las reglas del error, de la comisión de un delito en grado de tentativa o de la comisión del delito por imprudencia, al mismo tiempo que se contemplan las circunstancias de participación y preparación en el delito, junto a la modulación de las reglas de prescripción que acabo de señalar.

De manera que todo ello, en congruencia con los principios que inspiran la Ley del Menor (búsqueda de la segunda oportunidad, de la resocialización y de la recuperación del menor para la vida en libertad), está proporcionando al conjunto de los agentes sociales, Jueces especiales de Menores, Fiscales de Menores y, en definitiva, los poderes públicos que entienden este ámbito tan sensible de problemas que se han puesto recientemente de actualidad en las memorias de la Fiscalía y en las estadísticas de la criminalidad en España; están proporcionando mejores instrumentos para ser más garantistas y, al mismo tiempo, más eficaces en el tratamiento de la delincuencia juvenil.

P.- Para la Vicepresidenta. En relación con los casos de Ceuta y Melilla, después de que en vísperas de la Cumbre, incluso durante la rueda de prensa, el Presidente del Gobierno y portavoces gubernamentales aseguraran que la cooperación con Marruecos era buena, que el momento de las relaciones era dulce y todo este tipo de cosas, sorprende un poco que ahora el Ministro de Asuntos Exteriores vaya a ir a firmar nuevos Acuerdos de Cooperación en materia de lucha contra inmigración. ¿Quiere decir que el Gobierno considera ahora que esa cooperación no era tan buena como se decía?

También quería saber si les han dado alguna explicación de esas actuaciones a la hora de reprimir a los inmigrantes en territorio marroquí.

Vicepresidenta.- En la Cumbre que se celebró hace unos días, tanto el Primer Ministro marroquí, como el Presidente del Gobierno, expresaron lo que es el resultado del trabajo de un año que se ha concretado en una buena relación y en muchos mecanismos de cooperación en los que estamos trabajando.

¿Eso significa que todos los mecanismos de cooperación que hay, y que están funcionando muy bien, son suficientes? A la vista de los acontecimientos, significa que podemos mejorarlos. Siempre se puede mejorar la cooperación. La estamos mejorando hoy con Marruecos, la estamos mejorando con la Unión Europea y la estamos mejorando con todos los países iberoamericanos. Yo he viajado este verano por América Latina y he suscrito nuevos acuerdos de cooperación con países con los que desde hace mucho tiempo tenemos una buena cooperación. La cooperación no es una cosa que esté estancada, sino que es un instrumento que está vivo.

Lo que hemos abierto ahora y en lo que estamos trabajando son en nuevas vías de cooperación para mejorar todo lo que se refiere al tratamiento de la inmigración que, como les he dicho, es un tema complejo, que requiere por tanto a un problema complejo respuestas complejas, multidisciplinares, y que hay que atender a varios ámbitos.

Por tanto, el Ministro se va a desplazar el lunes a Marruecos para concretar algunas de las líneas de trabajo que les he indicado, en las que ya venimos trabajando desde hace tiempo y que ahora estamos impulsando para acelerar la solución a los problemas que estamos viviendo. Esas líneas van desde incremento de la cooperación con el establecimiento de protocolos conjuntos de actuación en frontera que mejoren la eficacia y la seguridad a la hora de abordar estas situaciones que se están produciendo de personas que quieren traspasar esa frontera. Uno.

En segundo lugar, medidas de cooperación para la investigación de las mafias que trafican con seres humanos, que no es que no las esté habiendo. En estos momentos yo les podría decir cuáles son los resultados que estamos teniendo en materia de persecución de mafias que trafican con seres humanos. Les diré que en este año, en lo que llevamos de año 2005, se ha detenido a 360 personas pertenecientes a redes que trafican con seres humanos, el 50 por 100 de las cuales son redes que están traficando en Àfrica. ¿Qué significa eso? Que tenemos que incrementar los mecanismos de cooperación también con Marruecos a la hora de perseguir estas mafias. Le diré que de esos 360 detenidos 102 son sólo de septiembre. Es decir, estamos incrementando, cada vez hay un mayor incremento. ¿Que podemos poner más mecanismos? Sí. En eso estamos trabajando y ésa es una de las líneas que tenemos abiertas.

Y también medidas de cooperación para incrementar el tratamiento humanitario de los inmigrantes, que es la otra vertiente del tema que afecta a la inmigración.

Ésos son elementos de trabajo que ya veníamos haciendo y que ahora vamos a impulsar y vamos a avanzar para tratar de mejorar, repito, la eficacia y la seguridad de nuestra cooperación en este fenómeno de la inmigración tan complejo y tan doloroso que estamos sufriendo y que estamos padeciendo.

P.- Sobre uno de los puntos que acaba de comentar, el tratamiento humanitario a los inmigrantes, me gustaría saber qué garantías ha demandado el Gobierno y ha obtenido del Reino de Marruecos en relación al destino que van a sufrir los subsaharianos a los que se les va a aplicar la devolución automática; es decir, ¿se les ve a someter a un juicio justo o van a ser abandonados en el desierto argelino como, según han denunciado algunas ONGs, sucede a menudo con estos inmigrantes?

Respecto al Estatuto, hace un mes usted misma anunció la apertura de un cauce de comunicación entre el Gobierno y el jefe de la oposición, un cauce que usted iba a protagonizar, para hablar de temas relevantes de la actualidad política. Me gustaría saber si se va a aplicar este cauce para hablar de la reforma del Estatuto catalán o si las declaraciones de ayer y las explicaciones del señor Rajoy cercenan ese posible diálogo.

Para el Ministro de Justicia, sobre el mismo tema. Quería saber si ha tenido tiempo de analizar el capítulo judicial del Estatuto y si le plantea algún tipo de objeción, bien de orden constitucional o bien de cualquier otra índole.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que me plantea, le diré que ni juicio justo ni abandono. Los inmigrantes que van, vuelven o han entrado en algún procedimiento de evolución entran dentro de la legalidad; es decir, le diré que aplicamos principios de legalidad claramente y tratamiento humanitario. Evidentemente, el Reino de Marruecos tiene también sus procedimientos y sus protocolos y su seguimiento de respeto a los derechos humanos, controlados por las asociaciones de derechos humanos que están trabajando con Marruecos.

Pero yo quisiera que, además, todos comprendiéramos --y por eso estamos hablando también de una mayor cooperación-- la dimensión del problema. Me decían ayer las Organizaciones No Gubernamentales que hace unos años --y hace no muchos años; hace pocos años, cuatro, cinco años-- los inmigrantes que atravesaban las fronteras vivían deambulando por las calles de Ceuta y Melilla en las peores condiciones. Hoy, y ayer lo pude comprobar, afortunadamente viven en unos Centros Temporales de Acogida que, en mi opinión, les han devuelto la dignidad. Pues bien, de eso se trata. Se trata de cooperar con Marruecos también en esto.

Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar. Ésas son las líneas de trabajo que tenemos que hacer en el ámbito de la cooperación. Los protocolos están establecidos y el Reino de Marruecos nos ha dado todas las garantías que están en el Convenio de respeto y tratamiento adecuado a la Ley, a la legalidad y a los derechos humanos de las personas que entran en algún procedimiento de los previstos en el Convenio.

En cuanto al tema del Estatut, efectivamente, las cosas se van a producir por sus cauces y por sus pasos. Efectivamente, el Presidente del Gobierno me encomendó ponerme en contacto con el líder de la oposición para abordar los pactos en esta materia. Ya hemos hablado con él y hemos hablado en su momento, y estamos trabajando en acuerdos en lo que se refiere a las enmiendas del Estatuto Valenciano, y yo espero con el Partido Popular también, y en esto también hablaremos en su momento, llegar a un acuerdo en materia de Estatuto catalán. Por nuestra parte no sólo no va a haber ningún problema, sino que nosotros vamos a estar abiertos al diálogo.

Ya hemos expresado cuál es nuestra posición. Yo ya les dije el otro día que iba a haber cambios, que habría cambios, y hoy me ratifico y les digo algo más: habrá acuerdos pactados, porque los Estatutos son normas pactadas. Desde luego, nosotros vamos a intentarlo. Vemos, además, que hay voluntad de cambio y así se percibe en las declaraciones de los representantes de las distintas fuerzas políticas de Cataluña, y así se percibe también en los de los Presidentes del Parlamento catalán y de la Generalitat. Quien admite que quiere pactar admite que está dispuesto a cambiar. Ése es el espíritu.

Por lo tanto, estamos trabajando para cambiar y consensuar, y ahí el Partido Popular tiene las puertas abiertas y las va a tener. Se pueden emplear distintas palabras (pacto y cambio, acuerdo y cambio, consenso y cambio…) pero el objetivo es el mismo: trabajar para que el Estatuto sea rigurosamente constitucional de la A a la Z, lo repito, y repito más: ser rigurosamente constitucional significa que respetamos de forma escrupulosa los cuatro pilares de nuestro Estado autonómico: la unidad de España, el autogobierno --sí, autogobierno, más autogobierno--, la solidaridad y los intereses generales. En eso estamos y en eso esperamos que esté el Partido Popular.

Sr. López Aguilar.- En lo que me toca de su pregunta relativa al capítulo de Justicia, déjeme decir que el Gobierno ha fijado posición desde el inicio de esta legislatura, entendiendo que la Constitución ha cumplido veintisiete años y los Estatutos de Autonomía, desde su elaboración, veinticinco años, y que, por tanto, esta Legislatura puede y va a tener reformas institucionales. El Gobierno ha asumido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, uno de cuyos elementos es reflejar mejor la colaboración necesaria entre el Gobierno de la Nación, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas en la organización y el rendimiento del Poder Judicial y el servicio público judicial; por tanto, derechos fundamentales de la ciudadanía.

Esa reforma la estamos promoviendo convencidos de que es absolutamente e impecablemente constitucional en todos sus puntos. Ello no quiere decir que este Gobierno no esté dispuesto a discutir, a dialogar y, por supuesto, a consensuar de la forma más amplia posible esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin duda ninguna, existirán objeciones y existirán enmiendas, y estamos perfectamente dispuestos a perfeccionar nuestra iniciativa en el trámite parlamentario, desde la convicción de que la propuesta inicial del Gobierno es plenamente constitucional en lo relativo al refuerzo de los Tribunales Superiores de Justicia para descargar al Supremo, en lo relativo al refuerzo del Poder Judicial en garantía de derechos fundamentales para descargar al Tribunal Constitucional y en lo relativo también a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan establecer Consejos Judiciales autonómicos, que, sin ningún perjuicio del Consejo General del Poder Judicial y las funciones que la Constitución le reserva, puedan ayudar al servicio público judicial a funcionar mejor.

Ahora bien, dicho esto, me parece importante subrayar también que estos días se escuchan muchos puntos de vista que pretenden que son inconstitucionales cosas que están en la Constitución, como es el refuerzo de los Tribunales Superiores de Justicia, a los que la Constitución les ordena que sea en la culminación de la organización judicial en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que son inconstitucionales cláusulas de algunos Estatutos de Autonomía que han estado siempre ahí. Sucede que quizá alguien no se las ha leído, pero siempre han estado ahí. De hecho, he escuchado estos días que son inconstitucionales algunos artículos relativos al capítulo de Justicia del Estatuto de Cataluña que ya están ahí en la versión vigente, en el Estatuto de 1979.

Finalmente, se escucha también que es inconstitucional una propuesta que está en el Estatuto de Cataluña y que, sin embargo, está también idéntica en el Estatuto Valenciano, que obtuvo el voto favorable de la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Valencianas, el impulso del Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, que es del Partido Popular, o también, por supuesto, el voto favorable del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados en su toma de consideración.

Todo ello seguramente nos ayudará a introducir un poco de racionalidad y un poco de capacidad de escucha y de diálogo para acertar a la hora de poder reformar el Poder Judicial a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en su caso, debatir y pulir las referencias a la Administración de Justicia que se contienen en la propuesta catalana.

En todo caso, lo que sí quiero asegurar que el Gobierno fija posición y mantendrá, por tanto, el horizonte puesto en que las reformas que deban producirse en el Poder Judicial lo sean por la Ley Orgánica del Poder Judicial y no por imposición de ningún Estatuto de Autonomía singularmente considerado.

P.- Yo quería dos precisiones de la Vicepresidenta. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, acaba de exigir al Gobierno que a su vez exija a Marruecos que cumpla sus compromisos. Yo quería saber si el viaje del señor Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores, el próximo lunes puede servir para cumplir esa petición o exigencia del Partido Popular, si es que ustedes consideran que realmente Marruecos no cumple sus compromisos.

Eso por un lado. Y, por otro, se ha ratificado en sus declaraciones de ayer de que están hablando con miembros socialistas para hacer descarrilar el Estatut. En este sentido, ¿qué opinión le merece al Gobierno el acuerdo firmado ayer en Castilla-La Mancha entre el Presidente socialista y el líder del Partido Popular?

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, si el señor Rajoy escuchara atentamente lo que el Gobierno informa, si escuchara e hiciera un seguimiento de las actuaciones del Gobierno y si viera cuáles son las actuaciones del Gobierno de Marruecos, no haría esa pregunta. Si el señor Rajoy hubiera prestado atención a la devolución que se produjo ayer de 70 inmigrantes ilegales, no haría esa pregunta. Si el señor Rajoy hubiera atendido a la precisión de que se va a activar el Convenio del 1992, que viene sin funcionar en los últimos años, pero no en el último, sino en los anteriores, no haría esa pregunta. El Gobierno de Marruecos está colaborando, así lo hemos dicho, y estamos trabajando conjuntamente. Por lo tanto, la visita del Ministro de Asuntos Exteriores se enmarca en el ámbito de las buenas relaciones de cooperación y de trabajo conjunto.

En cuanto al segundo tema, pasamos al Estatut. El Partido Popular tiene dos posibilidades. La verdad es que se encuentra ante una disyuntiva y en esa disyuntiva hay dos posibilidades. La primera es la de trabajar con todos que, como ya he dicho antes, están mostrando voluntad de pacto y, por lo tanto, de cambio, trabajar con todos por el consenso y por el cambio en el que todos nos estamos esforzando. La segunda alternativa es la de enfrentar a los catalanes con el resto de los españoles. Desde luego, al Gobierno nos parece que la primera es la razonable, que es la mejor, porque fortalece la unidad de España y, desde luego, la segunda divide España y debilita España. Yo confío en que sepan asumir su responsabilidad y se unan a la mayoría.

En cuanto a las otras manifestaciones, le diré que el Gobierno, que representa a todos los ciudadanos, a todos los españoles, está por encima de los chascarrillos y de los cotilleos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de respeto a la inteligencia de los ciudadanos españoles.

P.- Señora Vicepresidenta, en relación con Ceuta y Melilla ha informado usted que en aplicación del Convenio de 1992 se va a proceder a la repatriación a Marruecos de los emigrantes sin documentación de forma singularizada. A mí me gustaría saber si eso quiere decir automática, de uno en uno o en casos, digamos, precisos.

En relación con el Estatut, yo quería preguntarle qué opinión le merece la declaración del Presidente de la Generalitat diciendo que se reconoce que se han podido equivocar. También el propio Presidente del Gobierno ha rectificado en cierta manera, o parece que piensa rectificar, su opinión en torno al término "nación". La pregunta que surge es, dadas estas circunstancias y el debate abierto en torno a esto en la sociedad como en la vida política, si no sería a lo mejor razonable en este momento que no fuera el Estatut tomado en consideración y que el Gobierno de Cataluña, puesto que reconoce que ha habido errores, lo reforme antes de someterlo a las Cortes. Le pido su opinión.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, lo que he querido decir es que hay dos maneras en la activación del Convenio de 1992, que es hacer, que yo creo que tiene siempre un carácter extraordinario, devoluciones masivas o numerosas de inmigrantes cuando se producen circunstancias extraordinarias como la que se ha producido estos días. A eso responde la devolución que se efectuó ayer, que es una devolución que afectaba a setenta inmigrantes y que, por tanto, respondía también al carácter extraordinario de las circunstancias que se han producido en los últimos días.

Dicho esto, cuando me refiero a que con posterioridad la activación, es decir, la ejecución del Convenio, se va a producir de forma singularizada, quiero decir que no va a tener un carácter extraordinario, porque espero que no haya otras circunstancias extraordinarias --si las hay, las tendremos que abordar--, si no, con la normalidad de que cuando tienes a un inmigrante que se encuentra en España, que tenemos la certidumbre de que ha entrado por Marruecos y tenemos la certidumbre de cuál es su país de origen, se realiza la devolución. Me estoy refiriendo a que no tiene ese carácter extraordinario.

En cuanto al segundo tema que usted me mencionaba, yo creo que estos días se están produciendo, efectivamente, muchas declaraciones que todas ellas, tanto de los representantes políticos, como he dicho, de las distintas fuerzas del Parlamento de Cataluña, como del Gobierno de la nación y de la mayoría de los Grupos políticos, son expresión de la voluntad de debatir y de la voluntad de llegar acuerdos. Por tanto, cuando estás en condiciones de debatir y de llegar a acuerdos, se producen cambios. Creo que el que haya una posición abierta a efectuar cambios en el Estatuto que ha venido de Cataluña es una buena noticia, porque eso significa una predisposición al acuerdo. Los Estatutos son normas paccionadas, que hay que pactar entre el Parlamento del que vienen y el Parlamento al que llegan, que representan intereses diferentes.

Por lo tanto, ante el hecho de que el Presidente de la Generalitat haya dicho que hay algunos temas concretos en donde él cree que eso se puede cambiar, el momento y el lugar de cambiarlo es el Parlamento de la nación, el Parlamento de España. Yo creo que es la expresión de una voluntad de buscar ese consenso y ese acuerdo necesario para que la norma salga adelante.

Y lo mismo cabe decir de la posición mantenida por el Presidente del Gobierno. El Presidente del Gobierno ha dicho siempre y en todas las ocasiones que respetaría la voluntad del Parlamento de Cataluña, siempre y cuando esa voluntad estuviera dentro del marco de la Constitución y respondiese y se hubiese hecho con rigor constitucional y atendiendo a los intereses de los ciudadanos.

Esas posibilidades de llevar a cabo cambios en algunos de los temas que vienen en el Parlamento de Cataluña expresan también la voluntad del Gobierno de abordar esos cambios para llegar a un acuerdo, a un consenso, que debe ser un consenso de todos. Ésas son las reglas del juego democráticas. El Parlamento de Cataluña ha expresado su posición y en el Parlamento de Cataluña se presentaron muchas enmiendas por los grupos políticos, algunas de las cuales no prosperaron. Esos grupos políticos pueden volverlas a presentar aquí y que aquí prosperen, porque tengan otros apoyos.

Es decir, yo creo que esto es el cauce democrático, esto es la normalidad y esto no significa que tengamos que retrotraernos a ningún punto. Cada uno ha hecho su trabajo y aquí, ahora, tenemos que aprovechar entre todos la gran oportunidad que tenemos para mejorar lo que debe ser una buena norma para Cataluña, que, si es una buena norma para Cataluña, lo será para España.

P.- Un par de precisiones. La primera era para el Ministro de Justicia. Ha dicho que hay algún aspecto del Estatuto Valenciano pactado con el Partido Popular y que luego, a su vez, el PP lo denuncia en el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. Le quería preguntar qué aspecto o qué aspectos eran ésos.

En segundo lugar, a la Vicepresidenta Primera. Ha dicho también que el PP está ante una encrucijada y en ese sentido le quería preguntar si hablado con ellos y en qué dirección cree, dentro de esa encrucijada, por dónde apuntan las cosas: si va a ser en la dirección de no pactar o si van a entrar en la posibilidad de hacer enmiendas parciales después del proceso de admisión a trámite.

Vicepresidenta.- El Estatuto acaba de llegar, llegó hace escasas horas y ahora hay un trámite previo que establece el procedimiento, que es su calificación por la Mesa, y, a continuación, va haber un debate de admisión a trámite del Estatuto. A partir de ahí, entra en el proceso de apertura de enmiendas. El Partido Popular ha expresado su posición pública en esta fase del procedimiento. Por supuesto que vamos a hablar con ellos y por supuesto que yo voy a hablar con el señor Rajoy cuando llegue el momento de pactar para hacer las enmiendas pactadas. Vamos a tener ahora el debate político de carácter general y, a continuación, es cuando se abrirá el periodo para pactar y para llegar a acuerdos.

Pero tenga la seguridad que, desde luego, yo me voy a dirigir personalmente a él para abrir esta posibilidad. De entrada, las manifestaciones públicas que se están haciendo no parecen las más propicias al acuerdo, pero usted sabe que yo siempre pienso y espero de los responsables políticos responsabilidad política.

Sr. López Aguilar.- En relación con su pregunta, ya sabe que este Gobierno está convencido de que la democracia es deliberación y de que los debates son necesarios; pero hay debates que nos ahorraríamos y sería estupendo que nos los ahorráramos si se leyese sobre los textos que se discuten. Y éste puede ser el caso, porque en el Estatuto que proviene de la Comunidad Autónoma Valenciana, que ha sido aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular junto con el Partido Socialista, impulsado por el Gobierno del Partido Popular y, desde luego, saludado también con un voto favorable por el Grupo Parlamentario del Partido Popular se contienen puntos a los que el Partido Popular le escuchamos decir que son inconstitucionales; por ejemplo, los Consejos de Justicia, pues hay una clara inclusión del Consejo de Justicia autonómico en el Estatuto proveniente de las Cortes Valencianas; por ejemplo, la posición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, porque la Constitución quiere que sea la culminación de la organización judicial en el territorio de la Comunidad Autónoma y también la última instancia en el territorio de la Comunidad.

Es que lo dice la Constitución en su artículo 152 y por eso no es extraño que lo diga también el Estatuto proveniente de las Cortes Valencianas, y lo que sí es extraño es que el Partido Popular diga que, cuando eso lo propone este Gobierno en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está proponiendo algo inconstitucional.

Exactamente lo mismo en lo relativo al papel que se presenta para el Tribunal Supremo: unificador de doctrina. Unificación de doctrina que quiere decir uniformación de la interpretación de la legalidad, de la jurisprudencia, que nos dice lo que las leyes quieren decir. Éste es el papel que quiere la Constitución para el Tribunal Supremo y a eso se le llama casación. Eso es lo que dice la propuesta proveniente de la Comunidad Valenciana y eso es lo que dice también la propuesta contenida en la iniciativa del Gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero sobre todos y cada uno de esos puntos escuchamos decir al Partido Popular que son inconstitucionales. Yo creo que deberían leer, tanto la propuesta proveniente de las Cortes Valencianas, como la del Gobierno, para convenir que ni una ni otra son inconstitucionales. Y, desde luego, si lo dice también el Estatuto proveniente del Parlament de Catalunya, en eso no será inconstitucional, como tampoco lo es en lo relativo a que el Gobierno de la Comunidad Valenciana, como el de la Comunidad catalana, pueda ejercer competencias que la Constitución no reserva al Consejo General del Poder Judicial ni al Gobierno de la nación, porque esa cláusula de la que también les hemos escuchado decir que es inconstitucional está ya, desde el origen del proceso autonómico, en el Estatuto valenciano actualmente vigente, en el Estatuto catalán actualmente vigente y en todos los demás Estatutos de Autonomía.

Por lo tanto, sería estupendo que se leyera un poco más con respecto de los asuntos sobre los que se discute, porque, sin duda, haciendo eso, nos ahorraríamos algunos debates innecesarios.

P.- Señora Vicepresidenta, está usted hablando de medidas para Melilla, de cooperación con Marruecos, de integración de los inmigrantes y de algo más he dicho, me parece. Sin embargo, España dedica el 0,03 por 100 de su PIB a cooperación con los países subsaharianos y ahí es donde radica el problema desde mi punto de vista. En la medida que consigamos desarrollo en los países del Sur, evitaremos una inmigración que también que cada vez va a ser mayor, que cada vez es como la "ley seca" en Estados Unidos, que cada vez va a llegar más gente. Entonces, la solución está en aumentar esa cooperación. ¿Está tomando el Gobierno alguna medida en este sentido?

Vicepresidenta.- Sí, efectivamente. Ha planteado usted un tema que tiene el máximo interés para este Gobierno y así lo expresé ayer. Entre las medidas no coyunturales, pero sí estructurales, que hay que adoptar indudablemente está la de la Cooperación al Desarrollo.

Hasta ahora Africa no había sido uno de los continentes que estaban en el objetivo uno, objetivo prioritario. Desde este año lo está para este Gobierno. Hemos duplicado ya la Ayuda de Cooperación al Desarrollo para todos los países del norte de Africa. Luego, si quiere, le puedo facilitar, si es de su interés, las cifras concretas que ahora no las sé de memoria. Sí que sé que se ha duplicado. Se va a aumentar más del 80 por 100 para 2006 también ese incremento de cooperación para con los países de Africa y tenemos pendiente una reunión, y hoy lo hemos hablado también en el Consejo de Ministros, para promover en el ámbito de la Unión Europea que haya un aumento, no sólo de España sino del resto de países de la Unión Europea, de inversión en el Norte de Africa. Es evidente que hay que crear riqueza en los países emisores de la inmigración para tratar de evitar que los habitantes de esas zonas tengan que huir presos del hambre y de la miseria.

Estamos trabajando también en proyectos de cooperación que hemos triplicado con Marruecos. El año que viene vamos a invertir 165 millones de euros en cooperación con Marruecos, de los cuales 85 van a ir dedicados a créditos FAD que significa promover acuerdos, promover proyectos concretos que creen infraestructura y crecimiento también en el norte de Marruecos, para que en toda esa zona se cree un desarrollo que permita asentamiento de población en condiciones de dignidad.

Por lo tanto, cooperación de España con Marruecos, con el norte de Africa, con Argelia también y cooperación en el ámbito de la Unión Europea, siendo Africa una de las zonas prioritarias en nuestro Plan Director de Cooperación aprobado para el período 2005-2008.

P.- A la Vicepresidenta. Como hay un cierto caos al respecto, quería saber si el término "nación" podría ir incluido en el Estatut referido a Cataluña.

Vicepresidenta.- Ya sabe lo que dijo ayer el Presidente del Gobierno en relación con ese tema y a eso me remito, que es un tema que se va a abordar y, como todo, habrá de abordarse desde la compatibilidad del punto de encuentro entre lo que ha dicho el Parlamento catalán y lo que va a decir el resto del Parlamento español. Es decir, va a haber cambios, tenemos que negociarlos, tenemos que acordarlos, tenemos que debatirlo y tenemos que buscar una expresión que conduzca al acuerdo. Pero que va a haber cambios ya lo anunció ayer el Presidente del Gobierno.

Muchas gracias.